Tierra del Fuego está convulsionada por un escandaloso caso de reiterado abuso sexual que golpea al intendente de Río Grande, una ciudad de menos de 70 mil habitantes, pero involucra a una red de trata que se extiende a lo largo del país.

Gustavo Melella, un radical K que lleva dos mandatos en Río Grande y ahora piensa en ser candidato a gobernador, es acusado por la Justicia por abusar sexualmente de trabajadores humildes y hombres en situación de indigencia que hace traer del Norte argentino. Antes de ser político intentó ser sacerdote pero lo echaron del seminario de salesianos. Los rumores indican que su expulsión fue por "manolarga".

A Melella se lo investiga por un diabólico modus operandi que según los testimonios de la causa termina siempre con el abuso de personas: supuestamente se busca a hombres muy pobres y sin trabajo, preferentemente canosos y del norte del país y a los que se les ofrecer ubicarlos en pequeñas empresas truchas de construcción de obra pública municipal, a cambio de favores sexuales. La maniobra luego se extendería -siempre según el testimonio de personas que conocen la causa- a los familiares o conocidos de éstos, a los que también se los hace viajar con promesas de trabajo por vía terrestre, pasando por Chile en algunos casos.

La denuncia sostiene que el intendente en persona supervisa la operación, distribuye el trabajo y la plata para pasajes, alojamiento y adelanto de compra de materiales para trabajar. Además, una mujer evangélica, según investiga la querella, les saca fotos a los hombres humildes que traen del Norte y le confecciona al intendente una suerte de book para que seleccione e invite a su casa. A quienes no aceptan la invitación, les cortan el trabajo o directamente no se le paga lo trabajado. De hecho, fue así que se destapó el caso. Por trabajadores que no pudieron cobrar su sueldo.

El escándalo se amplificó a raíz de los audios y chats de Whatsapp que están en manos de la Justicia y a los que accedió LPO. En ellos una voz que sería la del intendente, sostiene: "¿Y cuáles son los que seguro me van a coger, papi, te dijeron?", se escucha que le dice a un colaborador.

La causa, que se tramita en el juzgado N° 2 de Río Grande, se encuentra a cargo del Juez Raúl Sahade quien fue acusado de inacción, filtración de información al imputado y de no hacer lugar a medidas probatorias. Según el abogado querellante, Francisco Giménez, el juez y el primerf fiscal interviniente, Pablo Candela, "permitieron con sus demoras que se realizara todo tipo de maniobras extorsivas contra los denunciantes".

El caso es de mayor impacto por el silencio de la clase política de toda la provincia y el accionar de la Justicia de Río Grande, en la que tiene gran influencia Ernesto Löffler, un juez perteneciente a la familia más poderosa de Tierra del Fuego que se hace llamar "Nené".

La familia Löffler, que tiene fuerte ascendencia sobre la justicia local, el sector empresario y la política a través del Movimiento Popular Fueguino, es la principal interesada en la candidatura a gobernador de Melella. El juez Sahade ni siquiera le pidió el celular al intendente para chequear los mensajes que les enviaba a los trabajadores. La UIF tiene en la lupa por lavado de dinero a esta familia que ya causó problemas diplomáticos con la embajada de Estados Unidos, por la ocupación con intrusos de una estancia de un magnate norteamericano.

Tanto el juez Sahade como el fiscal Candela tienen pedidos de juicio político. Por eso el juez en las últimas horas, apremiado por las denuncias en su contra, unificó la causa para que la instruya otro fiscal, Gustavo Quadrini, quien a diferencia del primer fiscal avanza en la investigación y ya imputó a Melella por abuso sexual coactivo de una relación de dependencia, de autoridad o de poder.

En la provincia corre el rumor de que incluso la justicia federal podría actuar de oficio puesto que lo que lo que se denuncia es una red de trata de personas, un delito federal que investigan los tribunales de Comodoro Py.